La problemática de la accesibilidad al agua potable es un tema que se ha mantenido en cierto abandono desde el año 1978 en adelante, cuando luego de las críticas a La Declaración de Alma Ata sobre Atención Primaria de Salud, se oyeron las primeras voces expertas que criticaban el bajo nivel de relevancia que se daba a éste tema por parte de la OMS. Es ahora, luego de 30 años, que esta verdadera barrera hacia el desarrollo humano se ha transformado en contingencia mundial.
Según la Organización Mundial de la Salud, 1.100 millones de personas carecen de acceso a cualquier fuente de agua potable y que aún cumpliendo la meta 10, del objetivo 7 de la OMS, propuesta para el año 2015, de lograr un 88,5% de cobertura mundial, 800 millones personas no habrán alcanzado aún tener una fuente fiable de agua para consumo y mucho menos para el saneamiento e higiene de sus espacios vitales.
El agua ha dejado de ser un derecho y se ha transformado en un bien transable en el mercado. La privatización de diferentes recursos ha llegado al extremo de hacer inaccesible para muchos éste vital elemento. El lucro a partir de los recursos naturales no ha dado tregua a naciones en vías de desarrollo que ven en la privatización una salida a las malas políticas públicas heredadas de la intervención de los modelos que pugnaban en la Guerra Fría, a las desgastadas arcas fiscales y a la presión internacional tendiente a la unificación de criterios comerciales. Lo vorágine neoliberal no respeta los tratados que sus mismos perpetradores firmaron solemnemente frente a la humanidad. El artículo 25 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos busca garantizar que cada persona tenga un nivel de vida adecuado que le asegure bienestar familiar, de vivienda y sanitario. Lo que no se condice en lo absoluto con las cifras que entrega la OMS en el marco del objetivo 7, meta 10 especificada en el párrafo anterior.
Según Maude Barlow, referente mundial en el tema, América Latina es el continente con mayor índice per cápita de accesibilidad a afluentes de agua dulce viablemente ubicados, en total cerca de un 20% del agua potencialmente potable del mundo, pero la población accede sólo a un 1% de ella. Esto ha llevado a que dentro de grandes centros urbanos, capitales nacionales y más aún en zonas rurales el abastecimiento de agua no sea un bien común, sino un producto exclusivo. La privatización del agua ha llevado a la población a pagar precios cada vez más altos por su dignidad. Las exigencias de los grupos activistas y de las masas conscientes han sido reprimidas violentamente por los Estados que ven en los miserables tributos del privado un bien mayor que el bienestar y dignidad de la población.
El sentido del capital que aplican las grandes transnacionales al agua como recurso transable no tiene que ver sólo con los servicios básicos que conlleva el abastecimiento y tratamiento de las aguas, sino también con una invasión de territorios, exclusión de afluentes, transformación y destrucción del entorno natural, verbigracia, la obtención a bajo costo de biorregiones que podrían ser potenciales productoras de electricidad o de agua potable, a través de la contaminación de afluentes por parte de las empresas mineras, madereras, papeleras, etcétera, también a través del embotellamiento del recurso, bajo la premisa de “transformar agua en agua”, que cuesta al consumidor promedio en América Latina entre mil y 10 mil veces el costo de producción.
En Chile la situación no es muy diferente a la que se da en la generalidad de nuestro continente. Según la Pauta de Análisis para Proyectos de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para Sectores Rurales publicada por el Ministerio de Planificación, vigente para los años 2008 y 2009, se estima que el costo de recolección y tratamiento de aguas servidas en un índice de Disposición a Pagar (DAP) es de $88.486 por familia al año. Esto aplicado a sectores con subsidio estatal de entre un 30% a un 80% en relación al DAP. La realidad es que según cifras arrojadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en 2006, las redes de alcantarillado cubren las necesidades de apenas el 5% de la población rural. La explicación parece ser evidente, pero a la vez es una verdad que las autoridades se niegan a reconocer. Los costos de las mejoras necesarias tienen una relación costo-beneficio muy por debajo de las expectativas de los privados. Según el informe realizado por la empresa sanitaria Aguas Patagonias S.A, los costos explicitados en el cronograma de obras para la instalación y operación del servicio en la ciudad de Balmaceda (XI Región), ascendía a cerca de los $580.000.000 para el año 2006, mientras que los montos de inversión pasaban a ser casi nulos luego de la etapa de puesta en marcha del servicio, llegando a una estimación de gastos operativos que ascenderían a aproximadamente $1.500.000 para el año 2010. Lo que hace de éste un caso ejemplar es el hecho de que del total de la inversión inicial, hecha el año 2006 y especificada anteriormente, el Estado absorbió un 50%. Aún cuando la inversión de los privados fue baja, sus costos operativos menores y las proyecciones los hacen decaer aún más, es un hecho objetivo que el valor del agua no ha descendido en la ciudad de Balmaceda.
El agua es un derecho privatizado, un bien de consumo, una materia prima más, pero tiene la particularidad de no necesitar un proceso industrial complejo para transformarse en algo indispensable. El sentido privatizador, pro neoliberal de los gobiernos en Latino América en general, se ha transformado en el mayor aliado de aquellos que intentan lucrar con lo indispensable. No bastó la comercialización de la educación, la salud y de nuestras riquezas naturales, al parecer también fue necesario hacerlo con el agua para perpetrar los vicios del sistema neoliberal.
Según la Organización Mundial de la Salud, 1.100 millones de personas carecen de acceso a cualquier fuente de agua potable y que aún cumpliendo la meta 10, del objetivo 7 de la OMS, propuesta para el año 2015, de lograr un 88,5% de cobertura mundial, 800 millones personas no habrán alcanzado aún tener una fuente fiable de agua para consumo y mucho menos para el saneamiento e higiene de sus espacios vitales.
El agua ha dejado de ser un derecho y se ha transformado en un bien transable en el mercado. La privatización de diferentes recursos ha llegado al extremo de hacer inaccesible para muchos éste vital elemento. El lucro a partir de los recursos naturales no ha dado tregua a naciones en vías de desarrollo que ven en la privatización una salida a las malas políticas públicas heredadas de la intervención de los modelos que pugnaban en la Guerra Fría, a las desgastadas arcas fiscales y a la presión internacional tendiente a la unificación de criterios comerciales. Lo vorágine neoliberal no respeta los tratados que sus mismos perpetradores firmaron solemnemente frente a la humanidad. El artículo 25 de La Declaración Universal de los Derechos Humanos busca garantizar que cada persona tenga un nivel de vida adecuado que le asegure bienestar familiar, de vivienda y sanitario. Lo que no se condice en lo absoluto con las cifras que entrega la OMS en el marco del objetivo 7, meta 10 especificada en el párrafo anterior.
Según Maude Barlow, referente mundial en el tema, América Latina es el continente con mayor índice per cápita de accesibilidad a afluentes de agua dulce viablemente ubicados, en total cerca de un 20% del agua potencialmente potable del mundo, pero la población accede sólo a un 1% de ella. Esto ha llevado a que dentro de grandes centros urbanos, capitales nacionales y más aún en zonas rurales el abastecimiento de agua no sea un bien común, sino un producto exclusivo. La privatización del agua ha llevado a la población a pagar precios cada vez más altos por su dignidad. Las exigencias de los grupos activistas y de las masas conscientes han sido reprimidas violentamente por los Estados que ven en los miserables tributos del privado un bien mayor que el bienestar y dignidad de la población.
El sentido del capital que aplican las grandes transnacionales al agua como recurso transable no tiene que ver sólo con los servicios básicos que conlleva el abastecimiento y tratamiento de las aguas, sino también con una invasión de territorios, exclusión de afluentes, transformación y destrucción del entorno natural, verbigracia, la obtención a bajo costo de biorregiones que podrían ser potenciales productoras de electricidad o de agua potable, a través de la contaminación de afluentes por parte de las empresas mineras, madereras, papeleras, etcétera, también a través del embotellamiento del recurso, bajo la premisa de “transformar agua en agua”, que cuesta al consumidor promedio en América Latina entre mil y 10 mil veces el costo de producción.
En Chile la situación no es muy diferente a la que se da en la generalidad de nuestro continente. Según la Pauta de Análisis para Proyectos de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Servidas para Sectores Rurales publicada por el Ministerio de Planificación, vigente para los años 2008 y 2009, se estima que el costo de recolección y tratamiento de aguas servidas en un índice de Disposición a Pagar (DAP) es de $88.486 por familia al año. Esto aplicado a sectores con subsidio estatal de entre un 30% a un 80% en relación al DAP. La realidad es que según cifras arrojadas por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) en 2006, las redes de alcantarillado cubren las necesidades de apenas el 5% de la población rural. La explicación parece ser evidente, pero a la vez es una verdad que las autoridades se niegan a reconocer. Los costos de las mejoras necesarias tienen una relación costo-beneficio muy por debajo de las expectativas de los privados. Según el informe realizado por la empresa sanitaria Aguas Patagonias S.A, los costos explicitados en el cronograma de obras para la instalación y operación del servicio en la ciudad de Balmaceda (XI Región), ascendía a cerca de los $580.000.000 para el año 2006, mientras que los montos de inversión pasaban a ser casi nulos luego de la etapa de puesta en marcha del servicio, llegando a una estimación de gastos operativos que ascenderían a aproximadamente $1.500.000 para el año 2010. Lo que hace de éste un caso ejemplar es el hecho de que del total de la inversión inicial, hecha el año 2006 y especificada anteriormente, el Estado absorbió un 50%. Aún cuando la inversión de los privados fue baja, sus costos operativos menores y las proyecciones los hacen decaer aún más, es un hecho objetivo que el valor del agua no ha descendido en la ciudad de Balmaceda.
El agua es un derecho privatizado, un bien de consumo, una materia prima más, pero tiene la particularidad de no necesitar un proceso industrial complejo para transformarse en algo indispensable. El sentido privatizador, pro neoliberal de los gobiernos en Latino América en general, se ha transformado en el mayor aliado de aquellos que intentan lucrar con lo indispensable. No bastó la comercialización de la educación, la salud y de nuestras riquezas naturales, al parecer también fue necesario hacerlo con el agua para perpetrar los vicios del sistema neoliberal.
